Proyecto Cimitarra 2008

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro - CUT Colombia) denuncia el vil asesinato que fue víctima el compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez, vicepresidente de la Asociación Campesina para la Defensa del Putumayo (Ascap), filial de Fensuagro – CUT, en Puerto Asís (Putumayo).

El compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez, de tan solo 32 años de edad, se destacó por ser un dirigente campesino comprometido con el desarrollo social de su comunidad de Piñuña Negro, vicepresidente de la Ascap, miembro de la Junta Nacional de Fensuagro y de la mesa departamental de organizaciones campesinas del Putumayo.

El miércoles 13 de agosto de 2008, siendo las ocho de la noche, el compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.651.998, cuando caminaba por el barrio Acevedo del casco urbano de Puerto Asís (Putumayo), fue abordado por varios hombres de los grupos paramilitares que operan en el Putumayo, le propinaron siete impactos de arma de fuego en varias partes de su cuerpo, que segaron la vida del dirigente agrario.

Desde hace dos meses el compañero Manuel Erminson Gamboa Meléndez había recibido amenazas de muerte vía telefónica en varias oportunidades, donde le manifestaban que si no se retiraba de la organización lo iban a blanquear.

El compañero Erminson fue un hombre integro y luchador, guerreó hasta sus últimos días la defensa de los derechos de los campesinos de su región. Convivía en unión libre con Asunción Duarte, con quien tenía tres hijas, incluida su bebé de tan solo un mes de nacida, y deja huérfana a otra hija menor de edad, a quienes les toca enfrentar hoy la vida sin la presencia de su padre y esposo. No sólo quedaron huérfana sus hijas sino también su organización que de seguro continuará defendiendo esos principios por los que tanto luchó el compañero.

Crímenes como el de Erminson, son los que se vienen perpetuando, producto de los señalamientos que se dan desde las esferas estatales, las estigmatización hacia las organizaciones sociales y los dirigentes regionales.

Amnistía Internacional ha condenado hoy el homicidio de dos defensores de los derechos humanos y activistas comunitarios locales. A lo largo del año pasado, la organización expresó su preocupación por el aparente aumento de los homicidios y amenazas contra defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios y sindicalistas, abusos cometidos en la mayoría de los casos, según informes, por paramilitares.

El 29 de junio, un desconocido mató a tiros a Martha Cecilia Obando en el barrio de San Francisco de la ciudad portuaria de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca. Al parecer, disparó tres veces contra ella, cuando la mujer caminaba por la calle. Martha Cecilia Obando era presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Barrio San Francisco (ASODESFRAN). Previamente se habían producido ya una serie de homicidios y amenazas contra líderes de comunidades del Valle del Cauca desplazadas.

El 24 de junio, un grupo de hombres armados, que, según testigos, eran paramilitares, entraron en la comunidad afrodescendiente de Candelilla de la Mar, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, y secuestraron a Felipe Landazury, líder comunitario y miembro del Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera.

Se supone que los grupos paramilitares se han disuelto en virtud de......(continua...)

Según la última alerta temprana emitida por la Asociación Campesina de Arauca (ACA), los recientes ametrallamientos, bombardeos y fumigaciones – sobre los que informamos en nuestro comunicado anterior – han dejado efectos nefastos para las comunidades que habitan las veredas Filipinas, El Rincón, Galaxias, El Milagro y Lejanías, pertenecientes a la jurisdicción del municipio de Tame (Arauca). Entre las consecuencias de esta fuerte ofensiva militar, se encuentran la destrucción de los cultivos de pancoger – a causa de los químicos nocivos arrojados durante las fumigaciones – y la pérdida de varias reses durante los bombardeos. Además, muchos de los restos de los explosivos arrojados cayeron cerca a las casas de los pobladores, poniendo en riesgo sus vidas. En la vereda Filipinas, esta situación generó fuertes impactos emocionales a una de sus habitantes.

A lo anterior se suma que miembros de la Brigada Móvil No. 5 continúan ocupando las casas de los habitantes de estas áreas rurales, al tiempo que los señalan y amedrentan. De hecho, el viernes 13 de junio, en la vereda El Rincón, tropas de esta misma brigada ingresaron a la casa del campesino Carlos Alberto Benavides Durán, quien una vez allí fue obligado a llevar una remesa a las tropas. En vista de tales hechos, Humanidad Vigente respalda la alerta temprana enviada por la ACA en nombre de las comunidades afectadas, y considera que es urgente y necesaria la presencia de una comisión de verificación en los lugares donde se han presentado tan deplorables hechos.

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia ante las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos y la opinión publica en general que tropas adscritas al batallón Plan Especial Energético y Vial número 8, de la 14a. brigada del Ejército Nacional, al mando del sargento Rodríguez, infringen el derecho internacional humanitario (DIH) al acampar dentro de las viviendas de los campesinos residentes en la vereda Altos de Manila, jurisdicción del municipio de Remedios (Antioquia).

Además, las tropas preparan sus alimentos y hacen uso de los utensilios de las viviendas de los campesinos, colocando en riesgo la vida y la seguridad de la población civil.

El día 16 de junio, junto con las tropas del batallón mencionado, los campesinos observaron a cuatro personas encapuchadas, lo que genera zozobra y temor en la comunidad de esta región.

COMUNICADO PUBLICO

“Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.” (Artículo 4 Carta Democrática Interamericana).


1. Como es de conocimiento público del 1 al 3 de junio se celebrará en la ciudad de Medellín la XXXVIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos –OEA-, que tiene dentro de sus propósitos la conmemoración de los 60 años de la Carta de la OEA.
2. De acuerdo con la información del gobierno nacional y local, Medellín fue escogida por la “transformación que ha sufrido y que es ejemplo para Colombia y el continente”. La celebración de la Asamblea General de la OEA ha permitido difundir la idea de una ciudad pacificada, prospera y respetuosa de la dignidad y los derechos humanos de sus habitantes.
3. Organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas, hemos convocado eventos simultáneos y alternos con el objetivo de develar la otra realidad que no ha sido presentada a los delegados de la OEA. En especial, sobre la formalidad de la democracia en nuestro país y la vulneración y desconocimiento de los derechos de las víctimas de los Crímenes de Estado.
4. Uno de los eventos programados es la concentración “Sin derechos para las víctimas no hay democracia”, actividad cultural de carácter pacífico que se llevará a cabo por parte de las víctimas el día tres de junio, la cual está convocada a partir de la 1.00 p.m. en la Plazoleta Central del Centro Administrativo La Alpujarra. Para ello se hizo solicitud formal a la administración municipal para que autorizaran la utilización del sitio, la cual nos fue otorgada por escrito el pasado viernes 23 de mayo.
5. El día de hoy recibimos una llamada del doctor Carlos Andrés Pérez, Subsecretario de Gobierno municipal, quien nos informa que por orden del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, están prohibidas todas las manifestaciones o actos públicos en la ciudad de Medellín distintos a los actos oficiales convocados desde el gobierno nacional o local.
6. Resulta paradójico que mientras la Asamblea de la OEA se propone discutir sobre “valores democráticos” y el balance de la Carta, donde se reconoce la obligación de los Estados Americanos con la democracia, la participación y el respeto por los derechos humanos, simultáneamente el gobierno colombiano, haciendo gala de su autoritarismo, restrinja derechos y desconozca, invisibilice y margine nuevamente a las víctimas de los escenarios donde puedan hacer escuchar sus voces y exigencias, develando la Medellín excluida y reprimida.
7. Rechazamos que el ejercicio de garantías fundamentales como la libertad de expresión y de movilización sean objeto de criminalización por parte del Estado Colombiano.
8. Por ello queremos informar que no cancelaremos el evento. Que mantenemos la convocatoria porque somos plenamente conscientes de nuestros derechos, los cuales están consagrados en la Constitución Política de Colombia y los Pactos y Tratados Internacionales suscritos por Colombia, que rigen en todo momento. Nos negamos a aceptar que las voces de las víctimas sean silenciadas y marginadas.
9. Convocamos a la solidaridad nacional e internacional para evitar que las víctimas y organizaciones sufran agresiones y exigimos que las autoridades civiles y militares respeten el derecho de la libre movilización y libertad de opinión de los cuidadanos y ciudadanas que decidan participar.

Suscriben,

Asociación Campesina de Antioquia
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad
Comité Estudiantil de Derechos Humanos Gustavo Marulanda
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Sumapaz
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

30 de mayo de 2008

El somero contexto regional anterior enmarca las graves violaciones a los derechos humanos que han sido una constante durante las últimas décadas en el Valle del Río Cimitarra. Situación que continuó agravándose durante el periodo comprendido entre inicios de 2004 e inicios de 2008. Control político, social, económico y militar en cascos urbanos y zonas rurales de la región por parte del paramilitarismo, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, amenazas, torturas, violaciones a la libertad de prensa, desplazamientos forzados, fumigaciones indiscriminadas del Plan Colombia, infracciones al DIH, bloqueos alimentarios y sanitarios, ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y criminalización de las organizaciones sociales caracterizan la situación que ha sido catalogada como de “crisis humanitaria” por parte de la iglesia, de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos.

Con la supuesta desmovilización paramilitar y la implementación de la “ley de justicia y paz” por medio de la cual el gobierno busca garantizar la impunidad para los perpetradores de crímenes de guerra y de violaciones a los derechos humanos se ha visto un cambio de modalidades en la ejecución de las violaciones. Se pasó de la incursión de grupos paramilitares en las zonas rurales, del control parcial de estas zonas y del control de los accesos a estas zonas, donde se asesinaba y extorsionaba a los pobladores rurales, a la modalidad de la desparición forzada y el asesinato selectivo, al sicariato por parte de grupos que se hacen llamar “aguilas negras”. Por su parte el ejército retomó la práctica de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos de campesinos, los que son presentados posteriormente como guerrilleros dados de baja en combate (“falsos positivos”).

Las violaciones a los derechos humanos producto de la violencia política y la represión estatal contra las organizaciones sociales han derivado en la criminalización de organizaciones, mediante la modalidad de judicializaciones basadas en “informes de inteligencia” del ejército y el DAS, así como en testimonios de informantes a sueldo, desertores de la guerrilla e incluso de antiguos habitantes de la región, a los que mediante coerciones, intimidaciones y sobornos se les ha convertido en informantes contra sus anteriores vecinos.

Desde una postura dialéctica, la salud y la enfermedad no pueden ser pensado como categorías ahistóricas, sino como un proceso fundamentado en la base material de su producción y con las características biológicas y culturales con las que se manifiesta tanto individual como colectivamente. Esto significa, que este debe ser colocado en relación con la totalidad social y con cada una de sus instancias dentro de la especificidad histórica de su manifestación. Así, debe ser asumido como una expresión social e individual y como expresión de contradicciones sociales.
María Cecilia de Sousa Minayo, 1997

Entrar a la oficina de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC)
en Barranca un jueves por la tarde y que te abra la puerta alguien a
quien pocas horas antes estaba en la cárcel es, sin duda, de lo más
emotivo. Poco importa que no nos conociéramos, la campaña nacional e
internacional de apoyo a los presos de la organización hizo que Mario
Martínez, Óscar Duque y Evaristo Mena fueran casi de la familia. Todo
eran abrazos, felicitaciones, cariño y, sobre todo, el recuerdo de
Andrés Gil, detenido el mismo día que ellos –que irá a juicio- y de los
otros dos dirigentes encarcelados, Miguel Huepa y Ramiro Ortega –cuya
investigación no ha finalizado-.


El noticiero regional
avisaba de que eran las seis de la tarde

Colombia no ha hecho luz todavía sobre los vínculos de destacados políticos oficialistas con paramilitares y narcotraficantes. La parapolítica está en el origen de su mayor crisis en los últimos años y pasa una factura creciente al presidente Álvaro Uribe, que no descarta anticipar las elecciones. Pero también a la estabilidad institucional del país andino, con daños colaterales incluso en el Congreso estadounidense, donde influyentes grupos proderechos humanos contribuyen al bloqueo del acuerdo de libre comercio que Bogotá necesita desesperadamente.

El pasado lunes 7 de abril empezaron, una vez más, las aspersiones con glifosato en el sur de Bolívar y en la parte media del valle del río Cimitarra. Iniciaron con la erradicación manual que, como ya se constató en comisión de verificación, sólo traen desplazamiento de campesinos debido a la crisis económica que genera y el aumento de la confrontación entre los armados: utilización de los espacios civiles por parte de la Fuerzas Militares, aumento de los enfrentamientos Ejército- insurgencia, utilización de minas antipersona por parte de las guerrillas para evitar el avance de la tropa, amenazas e intimidación a los civiles por parte de los militares y paramilitares presentes en la zona; y una serie de infracciones al Derecho Internacional Humanitario que obligan al campesino a refugiarse en las ciudades.

El jueves 17 de abril de 2008, siendo aproximadamente las cinco de la mañana, el señor Jesús Mamerto Maturana salió de su casa con su nieto Léider Estiven Bermúdez, de 7 años de edad, hacia el caño Cabra a abordar una embarcación hacia una población cercana. En el transcurso del camino el ejército le disparó causándole la muerte y aún se desconoce el paradero del menor.

Hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que nos pronunciemos exigiéndole al gobierno de Álvaro Uribe garantías para nuestras comunidades, para sus líderes sociales. En otras palabras: que cumpla con la Constitución Nacional y que garantice a los ciudadanos poder vivir y disfrutar de todos nuestros derechos.

En los últimos días, los campesinos del Catatumbo han denunciado los constantes operativos del ejército que se han desarrollado desde hace más de un mes por toda la región. El 16 de abril de 2008, en una finca de la vereda San Isidro del municipio del Tarra, en un supuesto enfrentamiento de la insurgencia con los hombres del Ejército Nacional pertenecientes a la Brigada 30, fueron asesinados dos campesinos, quienes fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

La víctimas fueron Eimer Miguel Obregón Florez, de 17 años, quien hasta el año pasado era un estudiante de la escuela de su barrio y José Iván González González, de 22 años. Las dos víctimas llegaron en enero a trabajar a El Tarra en labores del campo, ya que eso era lo único que sabían hacer. Los dos jóvenes habían sido desplazados anteriormente en el 2003.

La asociación La Olla del Bierzo organiza actos para conmemorar el Día Internacional de la Lucha Campesina. Será el 20 de abril, domingo en Cacabelos (León, Spain). Las actividades son:
- Comida popular ecológica
- Charla sobre cooperación internacional
- Mercadillo ecológico.
- Exposición de semillas del banco de semillas autóctonas de la escuela de Almázcara.
- Música en vivo
- Teatro. El grupo de teatro espontáneo "El Espejo" interpreta una obra acerca de la lucha campesina.

El lugar será el mercado de abastos de Cacabelos. Sino llueve, se trasladarán las actividaees a la plaza mayor de Cacabelos.

Contacto: Víctor A. Suárez - victor.suarez@telefonica.net

COLOMBIA Miembros del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
Miembros de la organización de derechos humanos Corporación SEMBRAR
Miembros del sindicato Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL)
que trabajan en los municipios de Tiquisio, Arenal y Regidor, departamento de Bolívar

El 10 de abril, las personas citadas en el encabezamiento recibieron por correo electrónico una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar Águilas Negras, en la que les informaban de que eran consideradas objetivos militares y, por tanto, les iban a dar muerte.
La amenaza decía: “su nombre esta [sic.] en la lista de personas no deseadas […] que deben ser eliminados”. Además, acusaba a los amenazados de ser auxiliares o miembros de la guerrilla y les informaba de que las organizaciones arriba citadas y sus miembros habían sido sometidos a vigilancia en los municipios de Tiquisio, Arenal, La Gloria y Regidor, en el departamento de Bolívar, y en el de Aguachica, en el departamento del Cesar.
La amenaza continuaba: “Por cada acto delincuencial en contra de la seguridad democratica [sic.] que ustedes organicen dentro de estos pueblos, serán exterminados uno a uno por orden de lista”, y concluía diciendo: “No vamos en vacilar en asesinarlos y vallan [sic.] preparando a sus allegados para que empiecen a enterrarlos”.